Análisis de actualidad
23/03/2025
El elefante en la sala de todos los mexicanos
Nuestro país tiene un problema que todos critican pero que pocos enfrentan de verdad. Es nuestro «elefante en la habitación», esa metáfora que se utiliza para describir un problema o situación evidente y de gran importancia que todos conocen, pero que deliberadamente se ignora o no se menciona. Es algo obvio que está presente, pero por diversas razones (incomodidad, miedo, tabú, etc.), las personas prefieren no hablar de ello o actuar como si no existiera. Así, la corrupción parece haberse instalado en México como esa persona incómoda que nadie invitó a la fiesta pero que se niega a irse.
Los números son claros y, francamente, desalentadores: según el INEGI, en 2023 el 14.0% de la población mexicana mayor de edad fue víctima de algún acto de corrupción. ¿Le parece poco? Entre 2013 y 2023, esta cifra aumentó de 12.1% a 14.0%, lo que representa un incremento relativo del 15.7%. Es como una enfermedad que, en lugar de controlarse, se expande.
Y lo más increíble es que nuestro recorrido estadístico por el país nos muestra un mapa desigual de esta plaga: en Chihuahua, casi el 21.9% de los adultos reportan haber sido víctimas de algún acto corrupto, mientras que en estados como Zacatecas o Nayarit, la cifra ronda el 8.9% y 9.5% respectivamente. ¿Significa esto que hay «paraísos de honestidad» en México? No exactamente. Significa que la corrupción, como cualquier problema social complejo, tiene matices regionales que debemos entender.
¿Por qué casi nadie denuncia?
Uno de los datos más reveladores es que solo el 4.8% de las víctimas de corrupción denuncian el hecho. Y lo que es peor, esta cifra ha disminuido desde 2015, cuando era del 6.6%. ¿Por qué ocurre esto?
La respuesta está en los propios datos: el 29.5% de quienes no denuncian piensan que «es inútil, no le darían seguimiento», el 18.5% lo considera «una pérdida de tiempo», el 12.6% cree que «la corrupción es una práctica muy común», y el 11.6% «obtuvo un beneficio». Es esa sensación generalizada de «¿para qué me molesto si nada va a cambiar y, peor aún, personalmente me va a afectar?». Y tienen razón en sentirse así. Cuando las instituciones que deberían investigar la corrupción están, ellas mismas, permeadas por el problema, se crea un círculo vicioso casi perfecto.
Cuando tenemos contacto con autoridades de seguridad pública, la probabilidad de enfrentar corrupción salta al 59.4%. Si intentamos abrir un negocio, el riesgo es del 27.5%. Incluso en trámites relacionados con la propiedad o ante el Ministerio Público, más del 20% de las interacciones están manchadas por prácticas corruptas. Es como si el sistema estuviera diseñado para extraer un «costo extra» por servicios que ya pagamos con nuestros impuestos.
Las raíces profundas: un problema con historia
La corrupción en México no es una planta que creció de la noche a la mañana. Tiene raíces históricas profundas que se entrelazan con nuestro desarrollo como nación. De acuerdo con estudios como «Cien Años de Corrupción en México» de Óscar Diego Bautista, después de la Revolución y la promulgación de la Constitución de 1917, se consolidó un sistema político caracterizado por un partido hegemónico, un corporativismo bien aceitado y un presidencialismo con poderes metaconstitucionales.
Este sistema creó mecanismos como el famoso «dedazo» presidencial, la lealtad personal al mandatario en turno, el control sindical como herramienta política, y la cooptación o represión de opositores bajo la máxima de «encierro, destierro o entierro». ¿Le suena familiar? Muchas de estas prácticas, -en mayor o menor medida y nivel de gobierno-, siguen vivas, aunque con nuevos ropajes.
Lo que en décadas recientes se ha llamado «democratización de la corrupción» refleja cómo estas prácticas han permeado a todos los partidos políticos, trascendiendo ideologías. Ya no es un problema de «los rojos» o «los azules» o «los guindas» – es un problema sistémico que todos, en mayor o menor medida, han adoptado cuando les toca el poder.
El gran engaño: buenas leyes, mala aplicación
Lo más irónico de nuestra situación es que México tiene un marco legal anticorrupción bastante robusto. Tenemos la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras.
De hecho, en evaluaciones internacionales como la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica del Cyrus R. Vance Center, México obtiene un impresionante 9.30 sobre 10 en legislación anticorrupción. El problema radica en la aplicación de estas leyes, donde apenas alcanzamos un vergonzoso 3.50. Es como tener un Ferrari estacionado en la cochera mientras seguimos caminando a todas partes.
Esta brecha entre norma y realidad es parte de la inercia social de nuestra cultura política: creemos que promulgando leyes solucionamos problemas, sin prestar atención a su implementación efectiva. El resultado es una fachada legal impresionante que cobija la misma vieja estructura corrupta.
Consecuencias que todos pagamos
Las consecuencias de la corrupción van mucho más allá de las «mordidas» ocasionales. En lo político, erosiona la legitimidad democrática y profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones. En lo económico, reduce el crecimiento, aumenta hasta un 10% el costo de hacer negocios según el Foro Económico Mundial, y ahuyenta la inversión extranjera.
Pero donde más duele es en lo social: la corrupción tiene un impacto desproporcionado en las poblaciones más vulnerables. Afecta el acceso a servicios públicos básicos, incrementa la violencia y la descomposición social, y tiene impactos específicos en mujeres y niñas, que a veces enfrentan extorsión sexual para acceder a servicios o derechos.
Es un precio invisible que pagamos todos, pero que pesa más sobre quienes menos tienen. La persona que debe pagar una «mordida» para que le conecten el agua potable está sacrificando recursos que podría usar para la educación de sus hijos o para mejorar su alimentación.
Cinco caminos hacia un México más honesto
A pesar de este panorama sombrío, la experiencia internacional demuestra que la corrupción no es invencible. Países que en el pasado tenían altos niveles de corrupción han logrado reducirla significativamente a través de estrategias integrales. Para México, el camino parece apuntar hacia cinco direcciones:
- Fortalecimiento institucional: Necesitamos órganos fiscalizadores verdaderamente efectivos, con recomendaciones vinculantes y un servicio profesional de carrera que premie la honestidad y la eficiencia. Como propone el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), se debe considerar incluso la elección popular de titulares de órganos fiscalizadores para garantizar su autonomía e imparcialidad del poder público.
- Transparencia y gobierno abierto: Sistemas como la Bitácora Electrónica de Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) deben fortalecerse y expandirse, reduciendo la intervención humana en trámites susceptibles de corrupción. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia han implementado exitosamente sistemas de evaluación de servicios públicos que incrementan la satisfacción ciudadana.
- Cultura de denuncia y participación: El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) necesita revitalizarse, creando mecanismos efectivos de protección para denunciantes que los resguarden de represalias. La ciudadanía muestra signos de esperanza: según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica de 2021, el 54% considera posible disminuir la corrupción, comparado con 43% en 2012.
- Rendición de cuentas y combate a la impunidad: Debemos transitar de la retórica a las sanciones efectivas, mejorando la coordinación entre órganos anticorrupción e implementando esquemas de conformidad normativa en el sector público. Las encuestas muestran que los ciudadanos identifican la impunidad como la principal causa de corrupción.
- Educación y transformación cultural: La ética pública debe promoverse como instrumento de prevención, fomentando la educación cívica desde edades tempranas y cambiando las normas sociales que normalizan la corrupción. Los países con menor corrupción han implementado eficazmente instrumentos éticos como parte integral de su estrategia anticorrupción.
El cambio comienza con decisiones cotidianas
Como sociedad, estamos en una encrucijada: ¿seguimos considerando normal dar «mordidas», buscar «palancas» y aprovechar huecos en el sistema, o nos atrevemos a cruzar hacia un México donde la integridad sea lo normal?
La respuesta parece obvia, pero el camino es largo. Sin embargo, cada vez que decidimos no participar en actos de corrupción, cada vez que exigimos transparencia en nuestra comunidad, cada vez que educamos a los más jóvenes en valores cívicos, damos un paso en la dirección correcta.
La corrupción no es un destino inevitable para México. Es una condición que hemos creado colectivamente y que podemos transformar. Requiere compromiso, paciencia y persistencia, pero sobre todo, requiere que dejemos de verla como algo normal o inevitable.
El cambio comienza cuando nos negamos a ser parte del problema. Cuando decimos «no» a la mordida, cuando exigimos el ticket en cada compra, cuando no buscamos «saltarnos la fila» usando influencias. Son pequeñas decisiones que, multiplicadas por millones de mexicanos, pueden iniciar una transformación profunda.
La pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer nuestra parte? La historia de un México sin corrupción está esperando a ser escrita, y cada uno de nosotros tiene el lápiz en la mano.
Fuentes: 1. INEGI (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023), 2. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2022), 3. Secretaría de la Función Pública (2022), 4. Cyrus R. Vance Center (Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, 2021-2022), 5. Foro Económico Mundial (2021).
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